“Un niño delincuente es metáfora de una sociedad en crisis”

El defensor de derechos humanos insiste en que es necesario que se produzca una ruta institucional concreta ante “la violencia cada vez más violenta” que afecta a la niñez

Caracas.- –La madrugada del domingo 19 de marzo, dos guardias nacionales fueron asesinados a cuchillazos presuntamente a manos de un niño de 10 años y una adolescente de 15 años, pertenecientes a la banda de “los cachorros”, integrada por más de ocho menores de edad y que opera en el en el bulevar de Sabana Grande, el corazón de Caracas. ¿El hecho, que ha conmocionado a la opinión pública, para usted es una metáfora de qué?

-Es una metáfora de una sociedad en crisis. Es decir, un niño de esa edad, que haya participado en un delito tan violento, con esas características, es una señal de desprotección, y de una serie de omisiones gravísimas del Estado, de la sociedad y de la familia. El caso de los niños de Sabana Grande fue documentado, estaba denunciado. ¿Por qué nadie hizo nada? Entonces, ahora les toca ser noticia por un hecho violento.

-Frente a lo sucedido ¿está clara la ruta legal que se debe seguir?

-En el caso del adolescente, responde penalmente por el hecho cometido, y probablemente le corresponda privación de libertad. En el caso del niño de 10 años, lo que se debe aplicar son medidas de protección. El problema es práctico: si se le dicta una medida de colocación en una Entidad de Atención (casa hogar), no está claro cuál es ese sitio orientado a niños que hayan cometido delitos. Es decir, esa infraestructura no existe. Y si se envía a un lugar donde hay chamos víctimas, se estaría mezclando víctimas y victimarios, que requieren estrategias de abordaje diferentes, profesionales diferentes, metodologías distintas. Eso genera impunidad hacia las víctimas y desprotección a ese niño victimario.

-¿Se genera allí un nuevo círculo vicioso?

-Sí, porque significa que no están siendo protegidos ni en su condición de víctimas ni en su condición de victimarios.

-Según Cecodap, en 2016 se produjeron 56% más casos más de niños y adolescentes impactados por la violencia. Uno de los datos más escalofriantes es que fallecieron 1 mil 150 niños víctimas de homicidio.

-La metodología que empleamos permite ver que la tendencia a la violencia aumenta progresivamente. Digamos que no es generalizable a nivel nacional; es decir, pueden ser más casos. Desde luego, esos 1 mil 150 casos identificados y documentados están diciendo que, al menos, hubo 96 homicidios de niños, niñas o adolescentes por mes. Es una cosa dura, complicada, que también se relaciona con la crisis que estamos viviendo.

-¿Cuál es el perfil de la violencia, de acuerdo con el informe?

-Los datos nos dicen que cada vez hay una violencia más violenta. Nos están diciendo que la violencia tiene rostro masculino: los más afectados son los adolescentes varones. También que la violencia sigue entrando a las escuelas: hubo siete muertes en centros educativos, cinco homicidios por rivalidades, un infante se ahogó en una guardería, uno falleció por toxoplasmosis, presuntamente contagiado en un centro educativo. Las estadísticas nos insisten en que los niños están creciendo en familias violentas. Hay un dato que me parece durísimo: se viene produciendo un incremento paulatino del suicidio: de 11 que registramos en 2014, pasamos a 17 en 2016. No sé cuáles sean las causas, pero eso señala que el suicidio se está considerando como una forma de resolución de conflictos. Además, encontramos un aumento en la agresión de cuerpos de seguridad del Estado: enfrentamiento con policías, testigos o víctimas de ajusticiamiento, y participación de las OLP.

-¿Cuáles son sus recomendaciones ante un panorama tan sombrío como ese?

-Los efectos de la violencia contra los niños y sus familias están afectando su cotidianidad, la convivencia. No hay una ruta institucional de solución. Una de las recomendaciones es que se promueva un gran consenso nacional de alto nivel en torno a lo institucional en favor de los niños y adolescentes.

-En realidad, año a año, Cecodap hace planteamientos similares, pero la situación sigue empeorando.

-Se ha insistido en la formulación de políticas públicas, el problema es que no ha habido voluntad política, ni institucional, ni claridad conceptual. El Estado debe dar respuestas, no a Cecodap, sino a los niños; a esos niños que perdieron a sus padres producto de una bala perdida, a los niños que dejaron de ser operados por falta de insumos, a los niños que viven en hogares en pobreza extrema.
Batalla legal

-Usted ha intentado tres veces un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que a los niños, niñas y adolescentes se les garantice el acceso a medicamentos. Se han desestimado porque los jueces han considerado que faltaban argumentos. ¿Cómo va el proceso?

-Lo último que intentamos fue un recurso de control de legalidad, que es una revisión que hace la Sala de Casación Social del TSJ frente a decisiones que violen las normas de orden público. Con todas estas sentencias, el TSJ ha condenado a muerte a los niños que no tienen medicamentos. Los distintos jueces que han tomado este caso les han dado la espalda a las familias, al dolor de los chicos. Los derechos previstos en la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente han quedado como un listado de buenas intenciones, no como lo que son: derechos exigibles. Ahora el expediente se encuentra en la Sala Constitucional.

-En el informe de Cecodap se reportó que la desnutrición es una de las principales formas de violencia. Instituciones como Cáritas y la Fundación Bengoa han realizado investigaciones que llegan a conclusiones similares: el incremento de la desnutrición.

-Si no tienen acceso a la alimentación en la cantidad y calidad que se requiere, se les está cercenando su desarrollo. Para un niño, los primeros mil días de vida son muy importantes. Lo que no se logra hacer en ese tiempo se va a transformar en un daño irrecuperable, daños neuronales, cognitivos, biológicos, emocionales, que quedan allí enquistados. Partiendo del supuesto de que estamos en guerra económica, pienso que en una situación así se debe proteger al más débil. Me pregunto entonces qué medidas está tomando el Estado para proteger a los niños de esa presunta guerra.

-¿Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) no han contribuido a que la situación alimenticia de los niños mejore?

-Hay reportes de que los Clap no llegan de forma regular y de que no en todos lados tienen los mismos productos. Sabemos que a algunas entidades de atención les han dicho que, como no son un grupo familiar, entonces no tienen acceso a la bolsa. Hay lugares en los que les prohíben a niños y adolescentes comprarla. El Estado tiene que garantizar lo que dice la Constitución: que los ciudadanos, incluyendo los niños, puedan comprar lo que quieran, en la cantidad que quieran, cuando quieran. La bolsa Clap viola ese derecho. Es una medida absurda, ilógica e irracional que no toma en cuenta a un sector importante de la población.

-¿Cuál es su diagnóstico de la situación, no sólo como abogado, sino también como padre de dos niños?

-Estamos condenando el presente, estamos negando oportunidades de desarrollo e impidiendo que los niños y adolescentes tengan aspiraciones legítimas. Es como jugar a la desesperanza. Las consecuencias no se verán a largo plazo, sino muy pronto. Nos estamos convirtiendo en una sociedad desensibilizada, donde lo normal es la escasez, perseguir una bolsa, perder a sus familiares o despedirlos en un aeropuerto; donde lo normal es no ir a la escuela porque hay que ir a buscar la bolsa Clap, o no hay carro que traslade al chamo, o no hay agua o no hay comida. Los niños tienen derecho a un futuro mejor. Ellos no deben pagar las consecuencia de las malas decisiones de los adultos. Las autoridades deben pedirles disculpas a los niños por este contexto que tienen que vivir.

El Tiempo – El Periódico del Pueblo Oriental